Uno de los arquitectos de la llamada ‘verdad histórica’ en el caso Ayotzinapa
Este viernes 19 fue detenido el exprocurador Jesús Murillo Kara, luego de que la Policía Federal Ministerial cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia.
La diligencia, por parte del personal policiaco de la FGR, se dio afuera de su domicilio en Lomas de Chapultepec, en el sur de la Ciudad de México, en donde el exprocurador Murillo “colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo”.
“El detenido ha sido trasladado a las instalaciones de la Fiscalía (en Tacubaya, en la Ciudad de México) para las certificaciones correspondientes; y enseguida será puesto a disposición de la autoridad judicial, en cumplimiento de la orden de captura señalada”, agregó la FGR.
El vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, informó que en el operativo participó la Secretaría de Marina (Semar) y ahora Murillo Karam será trasladado al Reclusorio Norte.
Lo anterior ocurre un día después del informe por el subsecretario Alejandro Encinas sobre las indagaciones pendientes contra 33 personas involucradas en el caso Ayotzinapa, entre ellas funcionarios federales, municipales e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
El exfuncionario marcó el caso cuando en una conferencia de prensa exclamó “ya me cansé”, a meses de la desaparición de los jóvenes y que en el país surgieran manifestaciones demandando justicia.
Junto al exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, quien se encuentra prófugo en Israel, construyó la llamada “verdad histórica”, a la que un informe de la actual Secretaría de Gobernación describió como “una acción concertada desde ‘el más alto nivel del gobierno’, que ocultó la verdad de los hechos y que alteró las escenas del crimen”.
‘VERSIÓN HISTÓRICA’
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa (Guerrero) desaparecieron cuando se dirigían a la Ciudad de México para participar en una manifestación por el aniversario del 2 de octubre, cuando ocurrió la masacre de Tlatelolco en 1968.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
Por la mañana, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que “no está cerrado” el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa tras el informe de la Comisión de la Verdad del caso que concluyó que fue un “crimen de Estado” y que descarta que estén vivos.
“Desde luego el caso no está cerrado, ayer se dio a conocer el informe de la comisión y la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo, y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia”, manifestó en su rueda de prensa matutina, realizada en Tijuana.
